Por: Juan Manuel Ramírez Pérez
Miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Historia Policial
Uno de los propósitos mas reiterados de los dirigentes en la frontera, durante largos años, consistió en fortalecer la integración colombo-venezolana que, naturalmente, era una preocupación local porque los gobiernos centrales casi siempre han sido indiferentes a esas inquietudes.
La Comisión Binacional de Asuntos Fronterizos, presidida por prestantes personalidades de los dos países, debatía permanentemente los asuntos comunes; se celebraban frecuentes reuniones de la Asamblea regional fronteriza; las cámaras de comercio, de los dos lados de la frontera, estaban en constante comunicación y, en fin, las universidades, las autoridades regionales, los comerciantes y los ciudadanos del común, actuaban como si se tratara de un solo país, aún en medio de las dificultades generadas por eventos ocasionales.
Pero, de un momento a otro, todo cambió y los instrumentos de la política binacional fueron cayendo en desuso. Hoy, lamentablemente, todo eso parece un fantasma del pasado.
Y lo que era impensable hace unos años está ocurriendo en la actualidad, sin remedio: la frontera cerrada de manera indefinida; los colombianos son maltratados sin protesta; cientos de empresas de frontera quebradas, y numerosas familias de colombianos y venezolanos desintegradas por causa de la incomunicación.
Las libertadas y reivindicaciones sociales que ofreció el socialismo del siglo XXI, terminaron en: una inaceptable persecución política, una mordaza a los medios de comunicación, una corrupción oficial desenfrenada y un empobrecimiento general ocultado con discursos patrioteros y costosa propaganda.
Y, frente a todo esto, el gobierno colombiano sigue sordo, mudo y ciego, como en la canción de Shakira. Es increíble que el país más cercano a Venezuela, el país “hermano”, el país con los mismos libertadores, con los mismos colores que ideó Miranda para la bandera, con la inmensa frontera común, con idioma, religión y raza iguales, no exprese una palabra de apoyo al pueblo sojuzgado.
Es insólito que funcionarios de Estados Unidos, Uruguay, España, Paraguay, entre otros, se pronuncien en contra de las arbitrariedades del gobierno “chavista” de Maduro, y en Colombia no se diga ni una frase condenatoria por los atropellos a los opositores, la violación del derecho internacional, los vejámenes a los colombianos más
humildes y las agresiones contra la prensa libre.
Mientras en Colombia se pregona que nos estamos acercando a la paz, se soslaya que el gobierno de un país que ha recibido con disgusto a millones de colombianos para que mejoren sus condiciones de vida, vulnere de manera tan flagrante los principios de la convivencia y viole los derechos de ciudadanos venezolanos y colombianos.
Es un precio muy alto el que se paga para que la inefable revolución bolivariana siga respaldando a las FARC y propicie la “invasión masiva de mujeres venezolanas”.
